Denuncian falta de evaluación de impacto en el Río Luján

Río Luján

Con el fin de mitigar las inundaciones en la cuenca del río Luján, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció una serie de obras hidráulicas que surgieron de un estudio elaborado por la consultora porteña Serman & Asociados, llamado “Plan Integral y Proyecto de Obras de Regulación y Saneamiento del río Luján”. Según denunciaron organizaciones ambientalistas, hasta el día de la fecha las obras no han sido sometidas al proceso obligatorio de evaluación de impacto ambiental, conforme lo exige la ley General del Ambiente.

El plan de obras

El primer tramo de la obra a llevarse a cabo sería en Campana y consistiría en el ensanche del  Canal Santa María, que une los ríos Luján y Paraná recorriendo 7 kilómetros, parte de los cuales  son humedales correspondientes a la Reserva Natural  Otamendi, un área protegida.

Según el estudio de la consultora contratada por el gobierno provincial, ello favorecería la evacuación del agua hacia el río Paraná durante las crecidas, a esto se sumaría otro canal que partiría desde el Canal Santa María y correría paralelo. Los barros extraídos para la obra servirían para rellenar la traza de un camino, a través de la Reserva Natural de Otamendi, que permitiría acceder a terrenos privados donde se anuncia un futuro emprendimiento inmobiliario. Éste ha sido seriamente cuestionado, ambiental y jurídicamente, por encontrarse en zona de humedales catalogada como área de amortiguamiento de la Reserva Natural Otamendi. De acuerdo a diversos estudios estos barros están contaminados con diferentes metales pesados, hidrocarburos y otras sustancias vertidas por numerosas industrias asentadas a lo largo de la cuenca.

Medios locales señalaron la existencia de distintos cuestionamientos que rodean a las obras anunciadas por Vidal. Diferentes organizaciones difundieron un escrito donde explicitan las críticas a los primeros trabajos que se encararían, destacando que lo anunciado carece de las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental, una herramienta obligatoria establecida por la Ley General del Ambiente cuando se trata de obras que pueden alterar los ecosistemas, sumado que “tampoco se ha realizado aún la audiencia pública que establece la legislación vigente”, en su artículo 20.

Ley General del Ambiente

La Ley Nacional 25.675, conocida como Ley General de Ambiente, estipula que “las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.

Además, en su artículo 13 la Ley establece que “los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos”.

Y en relación a las audiencias públicas, que según las organizaciones ambientales no fue realizada, la ley citada en su artículo 20 dice que “las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”.